Ley dominical
En segundo lugar, esta norma introduce algunas medidas de fomento del empleo que urge poner en marcha para garantizar el mantenimiento del empleo en colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo: parados de larga duración, trabajadores rurales, fijos discontinuos en actividades turísticas, etc.
“Los trabajadores mayores de cincuenta y dos años podrán acceder al subsidio, aunque no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo al menos seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social”.
Esta medida se justifica, como se explica en el Preámbulo del RD-Ley, en la imposibilidad de reincorporar al mercado laboral que en muchos casos han sufrido los trabajadores afectados por una incapacidad permanente total, especialmente cuando el acceso a esta situación se produce a partir de determinadas edades en las que la falta de cualificación o conocimientos ha llevado a prolongar esta situación hasta el acceso a la pensión de jubilación.
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Hoy por fin se ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el esperado Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Cabe destacar las siguientes novedades:
3. Ampliación del permiso de lactancia para el otro progenitor Se amplía el permiso de lactancia para el otro progenitor, de manera que ambos tienen derecho a ausentarse del trabajo durante una hora (o dos medias horas, a su elección) hasta que el hijo cumpla 9 meses. Esta reducción puede acumularse en jornadas completas, no transferibles entre los progenitores. Si ambos progenitores ejercen este derecho con la misma duración y régimen, puede ampliarse hasta que el niño cumpla 12 meses, pero con una reducción proporcional del salario a partir de los 9 meses.
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El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores añadiendo el apartado 9, que impone la obligación de llevar un registro de tiempo de trabajo.
Además, en el caso concreto de las empresas de trabajo temporal, el apartado 1 del artículo 15 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, establece un control de la actividad profesional durante todo el periodo de prestación de servicios en la empresa usuaria. Por ello, la empresa usuaria estará obligada a establecer un registro de tiempo de trabajo, según lo previsto en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, y a conservarlo durante 4 años. La empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria seguirán estableciendo los procedimientos de puesta a disposición de los registros para cumplir con sus obligaciones. En cuanto a la subcontratación, la empresa contratante debe establecer un registro de tiempo de trabajo por su responsabilidad en el cumplimiento de todas las obligaciones laborales.
Covid-19 y la Constitución”: Lord Sumption
hasta el 31 de marzo de 2020; remite al órgano competente el desarrollo y ejecución de las actuaciones a realizar; dispone que los beneficios fiscales del programa serán los máximos previstos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre; y se remite a dicha ley en cuanto a la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa.
En segundo lugar, la celebración de la Cumbre del Clima en las fechas previstas exige la realización de múltiples actuaciones por parte de diversos órganos de la Administración General del Estado, algunas de las cuales no pueden ser dotadas con recursos propios y, por tanto, deben ser realizadas por terceros mediante la celebración de contratos públicos. La preparación de dicho acto en el tiempo disponible requiere el arbitraje de medidas urgentes de contratación.
Por todo ello, y de forma puntual y teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación a la que responde el presente decreto-ley, el apartado primero del artículo 2 de este real decreto-ley procede a declarar la de dicha Conferencia del próximo mes de diciembre como una circunstancia que justifica la aplicación del tratamiento de urgencia previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, a los contratos necesarios para la preparación y celebración de la cumbre. Los efectos de este precepto se despliegan también sobre aquellos contratos que hubieran de celebrarse para atender las necesidades derivadas de la organización de la Conferencia cuya tramitación se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada en vigor efectiva de este decreto-ley.
