Días de vacaciones en España
El Consejo de Ministros aprobó la actual Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST 2015-2020)[5], presentada por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el 24 de abril de 2015. La Estrategia es continuación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012 (EESST 2007-2012)[6]. Ambas estrategias son el resultado del compromiso del Gobierno central, los Gobiernos autonómicos, las organizaciones empresariales y los sindicatos más representativos. Las Estrategias fueron acordadas con todos los agentes sociales y las comunidades autónomas tras un amplio proceso de diálogo social. Junto con el Gobierno, estos agentes son los integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), el órgano paritario en el que participan las instituciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La antigua EESST 2007-2012 fue el instrumento para establecer el marco general de la política de prevención de riesgos laborales, sobre todo a medio y largo plazo. Era la primera vez que un Gobierno en España presentaba una estrategia de esta envergadura para abordar el problema de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El objetivo principal era crear un instrumento a nivel nacional para abordar el problema de forma integrada, racional y coherente, en línea con la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012. La EESST 2007-2012 definió tres objetivos de prevención de riesgos laborales en las empresas y cinco objetivos relacionados con las políticas públicas para reducir tanto el número de accidentes de trabajo como el de enfermedades profesionales [6]:
Ministerio de Trabajo España
El Convenio sobre el Trabajo Marítimo (CTM) se estableció en 2006 como convenio de la Organización Internacional del Trabajo con el fin de establecer los derechos de la gente de mar a unas condiciones de trabajo decentes. Se aplica a todos los marinos, incluidos los que trabajan en hoteles y otros servicios de pasajeros en cruceros y yates comerciales.
Ofrecemos servicios de auditorías de verificación del MLC con base local, para que los operadores puedan ahorrarse los gastos de desplazamiento de sus auditores internos. Podemos auditar el sistema siguiendo nuestros propios procedimientos o adaptarnos a los procedimientos, directrices y plantillas de auditoría del operador.
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Mi objetivo es ejercer mi profesión ofreciendo un servicio ético, personal y profesional. Las personas ante los clientes, me acompañan de un equipo que considero son los mejores abogados de habla inglesa que puedo tener. Porque actuar en equipo y compartir los mismos valores nos permite alcanzar los objetivos de la mejor manera posible.
Josep Conesa, abogado laboralista también con formación en derecho de empresa, civil y concursal, defiende asuntos desde el año 2000. El asesoramiento a empresas y particulares en todo tipo de asuntos, en Barcelona pero también en otras regiones de España, le ha dado una amplia experiencia que hoy comparte con un equipo muy cualificado y humano.
La tradición del despacho se remonta a la familia a través de José María Sagrera Tizón, abogado experto en derecho concursal en los años 60, 70 y 80. Paralelamente, José Conesa Ballestero se consolidó como abogado experto en derecho laboral en las décadas de los 70, 80 y 90. Ambos expertos trabajaron juntos en el despacho Sagrera-Tizón en una época en la que el bufete asesoraba y defendía todo tipo de quiebras y suspensiones de pagos, reestructuraciones, despidos colectivos y ETOPS, despidos y demandas laborales de todo tipo.
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El mercado de La Boquería, en La Rambla de Barcelona, ofrece estos días una imagen de su infancia. Sus aliados están relativamente concurridos, principalmente por barceloneses. La ciudad está vacía para los estándares barceloneses, con pocos turistas a la vista. Debido a la pandemia, el sector de la hostelería se enfrenta a una crisis económica sin precedentes. Pero esta recesión puede ser una oportunidad para analizar la dimensión “ética” del turismo y la justicia social y transformarlo para bien.
Según un estudio, el sector turístico en España emplea, directa o indirectamente, a 1,4 millones de personas, de las cuales casi 400.000 trabajan en hoteles y casi cuatro de cada diez son personal laboral. Las mujeres inmigrantes que trabajan como camareras de piso -cuyos ingresos son a menudo un sustento fundamental en las economías familiares- han sido las más afectadas por la pandemia debido a su exposición a contratos temporales precarios.
El sector de la hostelería presenta vulnerabilidades estructurales que las trabajadoras inmigrantes han sacado a la luz, mucho antes del primer brote. El virus ha dado la razón a sus argumentos. La pandemia no ha hecho más que agravar la situación de unas trabajadoras que se han ido deteriorando a lo largo de los años.
